La “Ley de Defensa de las Víctimas Inmigrantes”, firmada por Gavin Newsom en California, obliga a policías y fiscalías a informar a las víctimas sobre sus derechos. Qué establece la nueva normativa
El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó un paquete de normativas destinadas a proteger a la comunidad migrante del estado. Entre ellas se encuentra la “Ley de defensa de las víctimas inmigrantes”, que busca asegurar que las víctimas de delitos conozcan sus derechos y las opciones de protección migratoria disponibles.
La ley fue aprobada bajo el proyecto AB 1994 del asambleísta David Alvarez, según LegiScan. Esta obliga a las agencias policiales y a las fiscalías encargadas de procesar delitos a informar a las víctimas sobre los derechos y opciones de alivio migratorio durante el contacto inicial o las investigaciones de seguimiento.
De igual modo, cada organismo debe entregar de forma gratuita una tarjeta informativa denominada “Immigrant Victims Rights and Resources”, la cual puede integrarse en la tarjeta existente de derechos de la Ley Marsy.
“La ley vigente exige que el Fiscal General diseñe y ponga a disposición esta tarjeta en formato PDF u otro formato de imagen, con la información específica que contiene, entre ellas información sobre las ayudas federales en materia de inmigración disponibles para ciertas víctimas de delitos”, señaló el escrito.
La tarjeta debe explicar en términos accesibles cuatro opciones de alivio migratorio. Estas se describen de la siguiente manera:

La normativa entra en vigor el 1° de enero de 2027. El fiscal general debe tener diseñada y distribuida la tarjeta informativa para el 1° de enero de 2028.

Al imponer nuevas obligaciones a los gobiernos locales, se va a clasificar como un mandato estatal sujeto a reembolso de costos mediante la Comisión de Mandatos Estatales.
De acuerdo con la oficina del gobernador de California, Newsom firmó el pasado 28 de septiembre seis proyectos destinados a facilitar servicios cotidianos que impactarán en los migrantes.
Una de ellas es la AB 2292, que prohíbe que un médico o profesional cobre una tarifa administrativa por completar el formulario de un certificado exigido para establecer la elegibilidad médica.
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